El régimen castrista es el campeón mundial en la táctica gatopardista de cambiarlo todo para que todo siga igual. Pero últimamente se ha subido la parada a sí mismo con una fórmula propia: cambiarlo todo para que todo sea peor.

Fiel expresión de ello es la nueva Ley Electoral, cuyo texto al fin fue publicado el jueves 20 de junio, y que es el instrumento constitucional con el que se supone se ha de cumplir en Cuba con el derecho al sufragio universal que tiene el pueblo soberano para elegir a sus gobernantes, tal y como postulaba ya en 1762, en el “Contrato Social”,  Jean Jacques Rousseau, uno de los artífices teóricos de la democracia moderna y precursor de la Revolución Francesa.

Y vale recordar que los cubanos desde 1948 no ejercen ese derecho al voto popular para elegir democráticamente al Jefe de Estado y gobierno. Hace ya 71 años.

El proyecto de Ley Electoral, que será aprobada por unanimidad y con aplausos por los dúctiles diputados cubanos (nunca ha habido un voto en contra de algo decidido desde “arriba”) reafirma el monopolio del Partido Comunista en materia electoral, la exclusión ideológica y la discriminación de ciudadanos por motivos políticos para votar o ser electos a cargos públicos, y encima cierra la puerta a cualquier intento reformista. Descarta cualquier posibilidad de cambios que pudiesen conducir a una transición no estalinista, ni militarista, cuando el factor biológico saque del poder a Raúl Castro y los restantes “históricos”.

Lo único novedoso es que el número de diputados se reducirá de 605 a 474, simplemente para que quepan en el Capitolio, que hollarán a partir de ahora. Esta ley será peor que las dos anteriores porque verá la luz casi terminándose la segunda década del siglo XXI, y no en 1982,  o en 1992, cuando se promulgaron las dos leyes electorales castristas anteriores, en tiempos del “socialismo real” o inmediatamente posteriores a su desaparición.

El mundo occidental de hoy, donde emergió la democracia moderna y donde está enclavada geográfica y culturalmente Cuba, es muy diferente. Hay ahora solo dos dictaduras técnicamente hablando, la castrista y la chavista, que juntas conforman el viejo proyecto castro-guevarista de Cubazuela. Y estamos hablando de 84 países en total, 49 en Europa y 35 en América.

Antes de ser confeccionada esta nueva Ley Electoral muchas voces hicieron propuestas dirigidas a “desestalinizar” al Estado cubano. Propusieron adecentar y desideologizar el sistema político, abrir vías democráticas para los reclamos de la ciudadanía y permitir la competencia entre candidatos, con acceso a los medios para explicar sus programas, etc.

Dentro de las propias filas del Partido Comunista llovieron las propuestas de que el Presidente de la República fuese elegido directamente en las urnas y poner así fin al sistema de elección indirecta actual, en el que al Jefe del Estado lo designa a dedo el Primer Secretario del PCC (el dictador), y punto.

No solo no fue aceptada ninguna de esas propuestas, sino que muchos de los proponentes fueron hostigados en mítines de repudio, despedidos de sus centros de trabajo, encarcelados, o  golpeados físicamente.

Pero en honor a la verdad resulta superfluo desmenuzar el carácter antidemocrático y totalitario del sistema electoral que esta ley ahora regulará, pues a fin de cuentas según la Constitución el verdadero poder político y estatal en Cuba lo tiene el Partido Comunista, a su vez sometido por una Junta Militar jurásica encabezada por Raúl Castro.

De nada vale, por tanto, el voto de los ciudadanos si estos no pueden elegir al Buró Político ni al Primer Secretario, el número uno del país. En Cuba hay 8.9 millones de adultos (mayores de 16 años según la ley) según datos oficiales, y el PCC tiene 700,000 militantes que constituyen solo el 7.8% de esa población con derecho al voto. Pero es esa minoría minúscula la que elige a los delegados a los congresos del PCC en los que se conforma el Buró Político, se “elige” al Primer Secretario, quien designa a capricho al presidente de la nación, al de la Asamblea Nacional y a todos los jefes de las instituciones públicas.

¿Qué significa entonces en realidad esta nueva Ley Electoral?