Los incumplimientos en los planes, el fraude fiscal de los autónomos y las cuentas por cobrar provocaron daños millonarios al presupuesto de Cuba en 2017, según resultados publicados hoy de una inspección de la Contraloría General de la isla, que alertó sobre el alza en los delitos económicos detectados.
Los perjuicios al patrimonio público superan los 300 millones en “moneda total”, término oficial que puede incluir dólares y pesos cubanos y obedece al enrevesado sistema de cambio del país, que impone tasas diferenciadas en cada sector debido a la dualidad monetaria aún en vigor.
Entre las deficiencias, la 12 Comprobación Nacional al Control Interno también descubrió faltantes y pérdidas de activos, incumplimientos en la contratación, en los pagos a privados y en el control del combustible, revela hoy el diario estatalJuventud Rebelde.
En 2017 la Contraloría detectó 1.012 delitos económicos, un notable incremento frente a los 732 del año anterior, aumento registrado porque han implementado un “mayor control de los posibles hechos delictivos”.
Frente a esto se aplicaron 5.658 sanciones a 1.237 directivos, 1.370 ejecutivos y 3.051 trabajadores, de ellas 209 por responsabilidad colateral.
“Existen cadenas delictivas que comienzan en el sector empresarial y terminan con la desviación de recursos hacia el sector no estatal, por lo que urge trabajar con intencionalidad en todo lo concerniente al origen y destino de los recursos”, indicó el vicecontralor general de la República, Reynol Pérez.
En el informe se conoció la labor de la Comisión Estatal de Control, que investigó presuntos hechos delictivos y de corrupción administrativa sobre los que recibieron 1.935 denuncias, muchas de ellas anónimas.
Las acusaciones sin firma “reflejan fallas y vacíos del control interno en los lugares de donde proceden”, afirmó la contralora jefa de la Dirección de Atención a la Población, Vivianne García.
El vicepresidente cubano Salvador Valdés Mesa pidió a su vez “evitar la formalización de la tendencia al anonimato a la hora de denunciar un problema”, una práctica poco “saludable para la institucionalidad”, y exhortó a “ser rigurosos con las averiguaciones en torno a los anónimos, porque no siempre son verídicos“.
La Contraloría informó además sobre el “serio problema” de la reducción del número de auditores en plantilla, solo cubierta al 64 % en el país, una cifra que “sigue disminuyendo”.
El éxodo se debe principalmente a los bajos salarios, una situación que Valdés Mesa lamentó “porque son personas con una alta preparación y muy necesarios en el combate a las indisciplinas y la corrupción”.
