Me siento indignada, atemorizada y destruida. En horas de la mañana [de este viernes 31 de enero] la Policía tocó a mi puerta pidiéndome que saliera de mi casa, que me la iban a demoler”, escribió la matancera Nair Perdomo en su perfil de Facebook, donde también compartió las fotos de una montaña de escombros que pertenecían, presuntamente, a su vivienda.
Varios agentes de la Policía, según se observa en otras publicaciones de Facebook, custodiaron la demolición e impidieron que los vecinos de una comunidad matancera, en Boca de Camarioca, intervinieran.
“Les expliqué [a los oficiales] que si me desalojaban no tendría dónde vivir, aun así empezaron a demoler conmigo dentro. Estaba aterrada, los trozos de escombro y cantos caían encima de mí y mis pertenencias. Nada pudo impedir que me desalojaran a la fuerza”, también escribió Perdomo en Facebook.
Por su parte, otra usuaria de la red social, Claudia Tartabull, mostró imágenes de agentes uniformados impidiendo el paso a los vecinos durante la demolición de varias viviendas.
“Un balcón que había que demoler en La Habana se cae y mata a tres niñas y, en Matanzas, Boca de Camarioca, demuelen las casas sin que los dueños estén presentes…”, se quejó.
“Por eso la población está envejeciendo, nadie quiere tener hijos y hacer una casa” para que “después te saquen de ella y tengas que vivir con tu hijo en la calle”, añadió.
Ninguno de los usuarios que compartió la denuncia en Facebook especificó cuántas viviendas fueron afectadas por la medida del Gobierno, ni aclaró si se trataba de un asentamiento considerado “ilegal” por las autoridades.
No obstante, las imágenes publicadas sugieren que las viviendas demolidas pertenecían a un barrio periférico, conocido en Cuba como “llega y pon”, en las afueras de la localidad matancera de Boca de Camarioca.
La prensa oficial tampoco se había hecho eco de los sucesos este sábado 1ro de febrero.
Por su parte, Nair Perdomo aseguró que no solo fue demolida su vivienda. “Fueron destruidas muchas casas más. Me pregunto dónde dormirán estas familias, niños y ancianos que como yo se quedaron sin vivienda”, escribió.
Además, la matancera también habría recibido intimidaciones de agentes uniformados para que no revelara los hechos. “La Policía me amenazó fuertemente con que si subía algo de esto iba a ir presa. Solo quiero que alguien me explique dónde están mis derechos como ciudadana cubana, dónde se cumple el concepto de revolución en todo esto, dónde dice igualdad y libertad plenas”, se preguntó.
Aunque la prensa oficial de vanagloria de que los desalojos forzosos acabaron en enero de 1959, el régimen cubano procede a menudo a la demolición de los llamados “asentamientos ilegales” y desaloja a los cubanos de viviendas que considera irregulares.
Solo en 2017, según cifras oficiales, las autoridades detectaron 127.693 “ilegalidades urbanísticas” en la Isla, de las que “solucionó” (es decir, desmanteló) el 18%, unas 23.000, hasta septiembre.
A seis décadas del triunfo de la Revolución, unos 7,5 millones de cubanos, dos terceras partes de la población total de la Isla, no tienen vivienda o habitan en inmuebles en mal estado, muy deteriorados, despedazados, apuntalados o a punto de derrumbarse.
Aproximadamente, medio millón de personas malviven en chozas y casuchas improvisadas en barrios insalubres tipo “llega y pon”, conocidos como villas miseria en otros países de América Latina.
