Un sondeo de opiniones ciudadanas remarcó el descontento con las políticas salariales y la protección laboral a los trabajadores: estatales, cooperativistas y privados. Este será uno de los retos que tendrá que confrontar el recién designado Consejo de Estado y de Ministros encabezado por Díaz-Canel desde el pasado 19 de abril.
Las resoluciones emitidas por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social [MTSS], como fueron la 35/2010 –tratamiento laboral y salarial aplicable a los trabajadores disponibles e interruptos–, la 17/2014 –sobre las formas y sistemas de pago por rendimiento–, y la 22/2017 –que prohibió el otorgamiento de nuevas licencias a más de una veintena de actividades privadas–, han resultado en impopulares en opinión del sector trabajador en la Isla.
“Ninguna de esas leyes y decretos resultaron en beneficio ni en protección para los trabajadores que fuimos cesados de nuestras plazas laborales”, recordó Bárbara Iglesias, extrabajadora de la industria textil y que actualmente labora en una cooperativa de transporte.
De acuerdo con el Artículo 18 de la Resolución 35/2010, los trabajadores disponibles e interruptos –el régimen cubano evita emplear el término desempleados– que no puedan ser reubicados tienen como única protección un mes de salario íntegro.
Transcurrido el mes, si los trabajadores no lograron emplearse pero acumulan diez o más años de servicio reciben una garantía salarial equivalente al 60%, y hasta el quinto mes, en caso de haber trabajado treinta años. Pasado ese período, se da por terminada la relación laboral.
“Es decir, trabajar durante treinta años ofrece como única protección, en caso de quedar desempleado, cobrar poco más de la mitad de tu salario por cinco meses”, acotó Iglesias.
Dorian Amelia Serrano laboró durante quince años en una empresa productora de bebidas y licores. En la actualidad se gana el sustento cuidando hijos de madres trabajadoras estatales a las que el Estado no ha podido garantizar el círculo infantil.
“Prefiero ganarme la vida de forma ilegal, que permitir que me roben mi tiempo y mi dinero”, fustigó Serrano en referencia a que la Resolución 17/2014, lejos de favorecer los salarios obreros, propició desvíos de recursos, apañamiento de desfalcos millonarios y corrupción.
La Resolución 17/2014 ordenaba eliminar restricciones administrativas para estimular el incremento de la productividad del trabajo en el sistema empresarial y modificar las facultades para la aprobación de la forma de pago por rendimiento. Sin embargo, para los trabajadores no funcionó, por estar sujeta a interpretación personal de los directivos en las empresas.
En la experiencia que relató Serrano sobre su antigua empresa, y que concordaría con el criterio de otros trabajadores encuestados, el rendimiento era en base al cumplimiento de los planes de producción. Al aumentar estos planes se hizo imposible alcanzar la meta y, como resultado final, el beneficio en salarios se evaporaba.
“Los trabajadores cubanos, a falta de un salario decente, vivimos de promesas. Y habría que preguntarse, además, cuál es el papel que realmente deberían cumplir los diecisiete sindicatos que existen en Cuba”, acuñó Serrano.
A mediados de 2017, en las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular [ANPP], dirigentes de la estatal Central de Trabajadores de Cuba [CTC] admitieron que los salarios cubanos eran insuficientes, y que esto conlleva como resultado la apatía, el desinterés y una masiva migración de los empleados estatales hacia el sector privado.
“Pero por qué no dicen que, además de los salarios insuficientes, son las propias leyes del Estado las que desprotegen a todos los trabajadores”, cuestionó Douglas Betancourt, quien durante veinte años trabajó en una empresa de minería y energética. Ahora ejerce como chofer privado en el sector turístico.
“No podemos olvidar la propia Ley 113 del Sistema Tributario que significó otro desangramiento al salario obrero obligado a emigrar a otras alternativas laborales”, abundó Betancourt, en referencia a que esta regulación –del impuesto sobre los ingresos personales, sobre el salario y demás remuneraciones– se exigiría, según anunció el Estado, cuando las condiciones económicas y sociales aconsejaran su aplicación, y teniéndose en cuenta la capacidad económica de los sujetos obligados.
“Sin embargo, ni siquiera los trabajadores del sector privado estamos exentos de la desprotección”, concluyó Betancourt, apuntando a la Resolución 22/2017, que prohibió otorgar nuevas autorizaciones, a una veintena de actividades privadas.
Una encuesta reciente del International Republican Institute [IRI] reveló que uno de cada cinco trabajadores del sector privado opera sin licencia, debido al régimen impositivo punitivo de Cuba.
Fuente: Martí Noticias
