A lo largo de 2017 en Cuba, muchos aspectos de la vida religiosa continuaron bajo el control y la vigilancia del Partido Comunista, y mientras que hubo mayor tolerancia para las actividades caritativas de las iglesias, las autoridades continuaron deteniendo, amenazando, y ejerciendo la violencia contra ministros y fieles abiertamente críticos o que abogaban por mayor libertad de religión.

Lo anterior se refleja en el apartado sobre Cuba del Informe 2017 sobre la Libertad Religiosa en el mundo publicado este martes por el Departamento de Estado de los Estados Unidos

Un resumen ejecutivo que encabeza ese segmento del reporte se inicia con la premisa de que la constitución vigente establece la libertad de religión y prohíbe la discriminación por motivos religiosos. Luego toma nota de que el gobierno y el Partido Comunista (PCC), a través de la Oficina de Atención a Asuntos Religiosos (OAAR) del Comité Central del PCC, continuaron controlando la mayoría de los aspectos de la vida religiosa.

Observadores internos reportaron que el gobierno continuó utilizando amenazas, restricciones de viaje, detenciones y violencia contra algunos líderes religiosos y sus seguidores.

En mayo, el gobierno informó oficialmente a las Asambleas de Dios (AG) que no ejecutaría órdenes de confiscación contra 2.000 iglesias de esa denominación ni demolería un templo ubicado en Santiago de Cuba, como había amenazado hacer bajo las leyes de urbanización aprobadas en 2015; sin embargo, no proporcionó garantías escritas a este efecto.

La organización vigilante Christian Solidarity Worldwide (CSW) enumeró 325 violaciones de la libertad de religión o de creencia durante el año. CSW informó una “caída significativa” en el año de los casos reportados de violaciones de la libertad religiosa o de creencia, en comparación con años anteriores, lo que atribuyó a la revocación al menos verbal por parte del gobierno del decreto que proscribía a las 2.000 iglesias de las Asambleas de Dios

La mayoría de las violaciones denunciadas en 2017 por CSW estuvieron relacionadas con los esfuerzos del gobierno para evitar que miembros de la organización de derechos humanos Damas de Blanco asistieran a las misas católicas, así como con las amenazas y el hostigamiento gubernamental a miembros de grupos de creyentes que abogan por una mayor libertad religiosa y política.

En este sentido organizaciones religiosas y grupos de derechos humanos denunciaron que el gobierno continuó amenazando, deteniendo y utilizando la violencia contra figuras religiosas abiertamente críticas, especialmente aquellas que abogan por los derechos humanos y la libertad de religión, o que colaboran con grupos independientes de derechos humanos.

Los órganos de seguridad tomaron medidas, incluidas detenciones a veces acompañadas de violencia, que inhibieron la capacidad de las integrantes del grupo de protesta Damas de Blanco para asistir a las misas católicas.

Algunos miembros de iglesias cristianas evangélicas independientes dijeron que las autoridades vigilaron de cerca y detuvieron por períodos de tiempo variables a algunos de sus líderes y miembros de sus familias.

Representantes del Instituto Patmos, una organización de defensa de la libertad religiosa, reportaron que las autoridades también reprimieron a cristianos afiliados al instituto, incluyendo amenazas, detenciones y expulsiones de la escuela o el trabajo.

Por otra parte, grupos religiosos aseguraron que hubo un crecimiento continuo de la capacidad de sus miembros para llevar a cabo proyectos caritativos y educativos como el funcionamiento de programas de servicio comunitario, por ejemplo, atención a niños escolares antes y después de la escuela, asistencia en el cuidado de personas de la tercera edad y mantenimiento de pequeñas bibliotecas con materiales religiosos.

Algunos líderes de grupos religiosos católicos, protestantes y minoritarios declararon que el ambiente de libertad religiosa había mejorado en comparación con el año anterior, y pusieron como ejemplo el progreso en relación con un permiso pendiente para construir un templo permanente, mientras que algunos grupos cristianos evangélicos aseguraron que la libertad religiosa no había mejorado para ellos.

Diplomáticos de la Embajada de EE.UU. en La Habana se reunieron en el período con funcionarios de la OAAR para discutir el proceso de registro de organizaciones religiosas e instarles a brindar un trato equitativo al permitir que grupos no registrados puedan practicar su religión.

Los funcionarios estadounidenses también sostuvieron contacto en 2017 con el presidente del Consejo de Iglesias de Cuba vinculado al gobierno, así como con autoridades religiosas católicas, hebreas, musulmanas, Testigos de Jehová, santería y varias denominaciones protestantes. La Embajada facilitó asimismo intercambios entre delegaciones religiosas de visita en Cuba y las iglesias del país.

En las redes sociales y otros foros públicos, Estados Unidos continuó instando al gobierno de Cuba a respetar los derechos esenciales de sus ciudadanos, incluida la libertad de religión.

Fuente: Martí Noticias