En Cuba se hacen chistes llamados “Cuentos de Pepito”, un popular personaje ficticio que es un niño muy travieso. Uno de esos cuentos que recorre la isla es el siguiente: la maestra le pregunta a varios alumnos qué quieren ser cuando sean adultos. “Yo, médico”, dice uno. “Ingeniero“, dice otro. “A ver, Pepito, ¿y tú qué quieres ser?” “Yo, extranjero, maestra”.
Y es que en Cuba rinde más beneficios ser extranjero que cubano en todos los aspectos, pero particularmente en el ámbito económico. En la isla solo pueden invertir capital y ser propietarios de empresas los ciudadanos extranjeros. A los cubanos se los prohíbe la ley y el Partido Comunista de Cuba (PCC).
La Ley de Inversión Extranjera, promulgada en marzo de 2014, prohíbe que los cubanos residentes en la isla inviertan capital en su propio país. Y el Partido Comunista en sus “Lineamientos” establece, con fuerza de ley, que “No se permitirá la concentración de la propiedad y la riqueza en personas jurídicas (negocios privados) o naturales” (individuos).
Es como si los británicos no pudiesen invertir o crear capital en Gran Bretaña. Las actuales leyes cubanas ni siquiera permiten que en Cuba los ciudadanos cubanos establezcan pequeñas y medianas empresas privadas, las conocidas internacionalmente como pymes.
El 17 de junio de 2018 la ONU calificó a las pymes como “la espina dorsal de la mayoría de las economías del mundo”, pues el 90% de todas las empresas que hay en el planeta son pymes. Generan entre el 60% y el 70% del empleo mundial y el 50% del Producto Interno Bruto (PIB) global.
Cuba y Corea del Norte son los únicos países del mundo que no permiten que sus ciudadanos inviertan capital y que prohíben las pymes. En la isla, según datos oficiales, en junio de 2019 había 605,908 cuentapropistas, en 135 actividades autorizadas por el Estado, ni una más. Emplean al 12% de la fuerza de trabajo nacional, pero no se les permite crecer y convertirse en pymes.
El gobierno cubano permite que los cuentapropistas reciban remesas en cash desde el extranjero y paquetes con medicamentos, ropa, etc, pero les prohíbe invertir un solo centavo en la ampliación de sus ínfimos negocios que, por otra parte, solo son permitidos en la prestación de servicios muy rudimentarios, nunca en la esfera industrial y otros servicios y ramas económicas clave, que siguen siendo monopolizadas por el Estado.
Por ese motivo en 2017 los cuentapropistas sacaron de la isla $2,390 millones de dólares que invirtieron en el extranjero, según un estudio de Havana Consulting Group. De esa cifra, $366 millones fueron invertidos en bienes raíces y $1,008 millones en otros negocios y en la compra de mercancías para venderlas en Cuba. El Partido Comunista de Cuba prefiere que el país pierda ese capital, que tanto necesita la economía nacional, antes de que los cubanos prosperen y la nación salga adelante.
Si alguien en la isla quiere ampliar un tallercito de reparación de calzado para empezar a producir zapatos y avanzar en el negocio, no puede aunque le llueva todo el dinero del mundo desde el extranjero. Su taller no podrá crecer. Tampoco el propietario de un “paladar” (pequeño restaurante privado) puede progresar, pues el Estado le impone un tope máximo de sillas del cual no puede pasar.
Igualmente está prohibida la prestación de servicios productivos, tecnológicos y de “know how” por parte de profesionales universitarios. A los ingenieros, arquitectos, economistas, tecnólogos, médicos, dentistas, sociólogos, contadores, psicólogos, químicos, físico-terapeutas, expertos cibernéticos y de todo tipo se les prohíbe ejercer su profesión de manera privada.
El criterio oficial del sexagenario gobierno es que el trabajo “no estatal” es sólo un “complemento” sin peso económico, y que el país continuará con el sistema de economía estatal centralizada a ultranza. Por eso el cuentapropista no es reconocido como propietario de un pequeño negocio como en todo país normal. Aunque la nueva Constitución “de jure” reconoce la “propiedad privada con mayoría estatal” (artículo 21), “de facto” es letra muerta pues es rechazada por las leyes vigentes.
Ante la ley, el cuentapropista cubano es solo una persona a quien individualmente se le entrega una licencia para ofrecer ciertos servicios artesanales. Por ejemplo, un “paladar” no es un restaurante privado como creen los turistas, pues quien lo opera dispone únicamente de una licencia personal que dice textualmente: “Elaborador vendedor de alimentos”.
Pocos en el mundo conocen estas peculiaridades de la Cuba actual.
Autor: Roberto Álvarez Quiñones
Foto: Hector Guerrero
