En los últimos meses el régimen de Raúl Castro ha desatado una frenética escalada represiva que incluye la utilización de la pandemia del Covid-19 para aplastar cualquier descontento de la población, y la criminalización de actividades que son legales en cualquier país normal.
Muchos ciudadanos están siendo encarcelados debido a nuevas reglas para ahogar en la cuna a la criatura que tanto temen, las protestas públicas de descontento popular. Con la agudización de la crisis socioeconómica cada vez más cubanos levantan la voz y hasta se enfrentan a la policía.
La nueva ola de represión marcha paralelamente contra opositores, periodistas independientes, Damas de Blanco, y ahora también contra artistas.
Juicios que solo buscan intimidar a la población
Se están realizando “juicios ejemplarizantes”, no para proteger a la población del coronavirus, sino para intimidar y que a nadie se le ocurra protestar por la escasez de todo. Quien grita en una cola que tiene hambre, o que no tiene agua ni jabón para combatir la pandemia es arrestado y luego condenado a prisión por “desorden público”, “peligrosidad social predelictiva”, “desacato”, o “atentado”.
Se están llenando las prisiones con personas condenadas por motivos políticos, pero que figuran como delitos comunes fabricados por la seguridad del Estado en contubernio con los tribunales. Luego La Habana informa a la ONU que en Cuba no hay presos políticos. Es de destacar que mientras que la Alta Comisionada para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, ha abordado incisivamente la situación de los presos políticos en Venezuela, no ha hecho nada similar con respecto al presidio político en Cuba.
Desde que comenzó la pandemia del Covid-19 en la isla hasta el 4 de junio, fueron encarceladas 1.089 personas condenadas en 1,360 juicios, dijo al diario Granma el presidente del Tribunal Supremo Popular (TSP), Rubén Remigio Ferro, un personaje que figura en la lista de Represores Violentos de FHRC por amenazar con aplicar la severa Ley Mordaza a quienes difundan informaciones no filtradas por el gobierno. Por no usar la mascarilla o no cumplir con el aislamiento social, fueron sancionadas 1.643 personas y a 223 de ellas les impusieron multas. Ferro no aclaró qué sanciones les impusieron a los otros 1.420 acusados.
Considerando el pico en la cantidad de nuevos presos, y posibles protestas y disturbios en particular por el creciente desabastecimiento de alimentos, el gobierno sacó de las cárceles anticipadamente a 6.579 presos comunes en marzo y abril de 2020, con el aparente fin de abrir espacio en las cárceles
Orestes Llanes, del gobierno provincial de La Habana, informó que en la capital se efectuaron 27.396 “acciones de control” y se impusieron 13.140 multas. No dijo en qué consistieron los controles.
Para tratar de anticiparse a los hechos el Ministerio del Interior está reclutando delatores. A principios de junio el periodista independiente Luis Cino denunció en el sitio Cubanet : “Últimamente, con tanto descontento como hay entre la población, el régimen trata de incentivar la chivatería (delación). Ha llegado a ofrecer recargas telefónicas a los que hagan delaciones a la policía”.
Cuba es el país con más presos per capita en todo el mundo
Con la ofensiva represiva, Cuba ha pasado pasó a ser el país con más condenados en relación con su población en todo el mundo, 794 por cada 100,000 habitantes. Al sumar los 90.000 en las prisiones y otros 37.000 condenados que cumplen sentencias no carcelarias, se obtiene una cifra de 127,800 personas, para un asombroso 1,13 % de los 11.2 millones de habitantes.
En 2012 Cuba tenía 510 presos por cada 100,000 habitantes, con 57,336 reclusos y ocupaba el sexto lugar mundial. El espectacular aumento se debe a que en 2013 se inició la debacle económica de Venezuela y al disminuir los subsidios y petróleo gratis se agudizó la escasez de todo y empezaron a aflorar las expresiones públicas de descontento popular.
Como parte de la criminalización de actividades que son legales en cualquier parte, el régimen les ha declarado la guerra a los carretilleros, vendedores ambulantes de productos agrícolas –unos con licencia, otros sin ella- que los adquieren en la red minorista y los venden desde una carretilla en los barrios para comodidad de todos.
En Cienfuegos, para acabar con los 635 carretilleros que hay en esa ciudad central, funciona una fuerza de choque de inspectores que multan o arrestan a los carretilleros por “actividad ilegal”.
En Holguín, cabecera de la provincia oriental del mismo nombre, se produjo una protesta con gritos de “nos están matando de hambre”, al ver que policías e inspectores trataban de confiscarle su carga de tubérculos, frutas y vegetales al carretillero Alexei Rodríguez, en el reparto Vista Alegre. Para frustrar el decomiso, Alexei regaló sus productos a vecinos y transeúntes. Se lo llevaron detenido y en agosto de 2019 fue condenado a cuatro años de prisión por “desorden público”.
El caso de Alexei Rodríguez revela que no es un preso común. Está en prisión por obra de una regulación política del núcleo más reaccionario de la élite castrista, que quiere eliminar la competencia que representan los carretilleros privados para los mal abastecidos mercados estatales. Debido a estas represalias, las ventas de los carretilleros, que en 2015 representaron el 22.2% de todas las ventas de productos agrícolas en el país, cayeron al 13.8% en 2019.
Prisioneros políticos
Según el más reciente informe de la organización Cuban Prisoners Defenders, al finalizar mayo de 2020 había en la cárcel 134 cubanos por motivos políticos. De ellos, 105 son prisioneros de conciencia, y 29, presos políticos de otras categorías. En tanto, la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional (CCDHRN) informó que 21 de los presos políticos, condenados por delitos contra la Seguridad del Estado, llevan entre 13 y 24 años en cárceles de alta seguridad.
Pero se trata únicamente de los identificados como presos políticos, miembros de organizaciones opositoras, o periodistas independientes. Miles más aparecen registrados como presos comunes, en muchos casos tratándose de causas fabricadas o de aplicación de la llamada peligrosidad predelictiva, pese a que hay motivaciones políticas para su encarcelamiento.
Entre los prisioneros de conciencia se halla el del periodista, abogado y escritor Roberto de Jesús Quiñones Haces, quien desde septiembre de 2019 cumple un año de prisión por acercarse al tribunal de Guantánamo para cubrir periodísticamente el juicio contra un matrimonio evangélico que quiso educar a sus hijos en casa, en vez de enviarlos a las escuelas del Estado.
En marzo último Quiñones, de 62 años, denunció en una carta al medio independiente Cubanet que la comida que les dan en el presidio en el desayuno y la comida es polvo de arroz hervido, maloliente y que viene con gusanos. El comunicador también denunció la falta de atención médica y de medicamentos. Dijo que padece de gastritis y estuvo un mes sin recibir atención. Luego le dijeron que el medicamento que necesitaba no lo había.
La falta o negativa de atención médica en las prisiones ocasiona periódicamente la muerte de reclusos que la necesitaban.
El joven preso político Sandi Fernández Ortiz falleció a los 33 años por complicaciones de salud ocasionadas por las pésimas condiciones en la prisión de Mar Verde, en Santiago de Cuba, denunció el 25 de mayo pasado la opositora Alianza Democrática Oriental (ADO).
Según reveló en Facebook el activista José López Piña, el prisionero falleció debido a una infección generalizada que se agravó por la deficiente atención médica y las terribles condiciones del reclusorio. López Piña aseguró que a Sandi lo mataron “la falta de asistencia médica, las condiciones de hacinamiento y el hambre”.
José Daniel Ferrer está en su casa, pero sigue preso
José Daniel Ferrer, líder nacional de UNPACU, una de las más conocidas organizaciones opositoras en Cuba, el 3 de abril fue condenado a 4 años y medio de prisión, pero debido a la enorme presión internacional y doméstica para su liberación el régimen decidió que cumpla la sentencia en prisión domiciliaria y no tras las rejas. O sea, sigue preso. El mismo día fueron también excarcelados sus compañeros de lucha José Pupo, Fernando González y Roilán Zárraga, encarcelados junto con él el 1 de octubre de 2019.
El juicio contra Ferrer fue como en un deja vu de la Alemania nazi. Le fabricaron cargos de supuestos delitos comunes para no admitir que era encarcelado por su intensa actividad política contra la dictadura. Ferrer fue torturado, golpeado, humillado, drogado, y aislado en una celda de castigo. Y bajó mucho de eso corporal. Entrevistado por el diario “ABC”, de Madrid, a los dos días de salir de la prisión, Ferrer declaró: “Estoy listo para retomar mi lucha para democratizar Cuba”.
El 12 de junio de 2020, en una expresión de bipartidismo pocas veces vista, el Senado de EE.UU. acordó por unanimidad exigir la liberación inmediata e incondicional de Ferrer.
Abusos y golpizas
Otro aspecto que no se ha resuelto en las cárceles pese a las numerosas denuncias en foros internacionales de derechos humanos es el de los abusos físicos y golpizas contra los presos, tanto comunes como políticos.
La prisionera de conciencia, y miembro de la organización civilista Damas de Blanco, Aymara Nieto Muñoz fue golpeada fuertemente el 3 de junio de 2020 en la cárcel de mujeres de Manatí, provincia de Las Tunas, según denunciaron sus familiares.
El medio independiente Cubanet contactó con Ismael Boris Reñí, esposo de Aymara y ex prisionero político, quien explicó que el abuso tuvo lugar en una celda de castigo, donde estaba confinada desde hacía 32 días.
Dos reclusas de la misma prisión llamaron por teléfono a la familia y le informaron que Aymara había sido muy golpeada. “Pero está viva”, le aclararon a Reñí. Agregaron que a Aymara, quien cumple 4 años de prisión por su activismo contra la dictadura, la golpean y maltratan mucho.
La misma suerte corre otra Dama de Blanco, Marta Sánchez, quien también cumple una condena de 4 años y medio de prisión por su activismo político, y está en la cárcel de mujeres de “El Guatao”, en La Habana. Marta se manifestó frente a un colegio de votación gritando “Abajo la farsa electoral”, “Abajo los Castro” y “¡Libertad para los presos políticos!”. Pero figura como delincuente por “desacato, atentado, desorden público y resistencia”.
Ariel Ruiz Urquiola / Foto Ismario Rodríguez (Periodismo de Barrio)
Otro tipo de abusos tan terribles como las golpizas
El científico cubano Ariel Ruiz Urquiola inició a fines de 2019 los trámites para presentar una demanda contra el gobierno cubano ante la ONU y la Unión Europea, por haberlo infectado con el virus de la inmunodeficiencia humana (VIH) durante su estancia en la salas de Penados del hospital Abel Santamaría.
Ruiz Urquiola, de 44 años, aseguró al medio independiente CiberCuba que personal médico al servicio del régimen le inoculó el virus del SIDA durante su estancia en el citado hospital, a donde fue llevado desde la prisión provincial Kilo 5, al sexto día de permanecer en huelga de hambre y sed.
La acusación se sustenta en documentación científica que incluye exámenes médicos y opiniones de expertos. Al saberse infectado, Ruiz Urquiola reconstruyó su vida, incluidos contactos sexuales ocasionales protegidos, desde mayo de 2018 hasta el verano pasado, cuando comenzó el tratamiento en Suiza, y se convenció de que fue infectado por vía intravenosa. Dijo que en la Sala de Cuidados Especiales le cambiaron el dispositivo de administración de sueros de rehidratación, pese a que el sustituido era nuevo.
Silverio Portal, 72 años, quien sufrió una trombosis que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo y luego perdió la visión de un ojo, debido a una paliza que le dieron los carceleros
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) pidió el 25 de mayo de 2020 a la Unión Europea y Estados Unidos que intercedan ante el gobierno cubano por el preso político Silverio Portal Contreras, de 72 años, quien sufrió una trombosis que le paralizó el lado izquierdo de su cuerpo y luego perdió la visión de un ojo, debido a una paliza que le dieron los carceleros. Pese a ello, lo mantienen confinado en una celda de castigo en una prisión de La Habana. Cumple una sentencia de 4 años porque protestó ante la incapacidad del gobierno para arreglar edificios en ruinas.
En marzo la dirección del penal le informó a Lucinda González, pareja de Silverio, que no puede visitarlo más porque no están casados. Lucinda dijo a Cibercuba que ellos viven juntos desde hace 7 años y que era ella quien le llevaba los medicamentos que necesita. Explicó que la última vez que habló con él no le entendió muy bien, porque no pronuncia bien las palabras a causa de la isquemia sufrida. “Se me va a morir en la cárcel”, exclamó llorosa.
Hambre en las prisiones
Si los cubanos en general atraviesan una grave crisis alimentaria que los obliga en medio de la pandemia a dormir en las colas para tratar de alcanzar un pedazo de pollo, la situación es mucho más grave en las prisiones, donde el personal militar suele saquear los escasos abastecimientos enviados para los presos. Luis Ángel Leyva Domínguez, de 26 años de edad, miembro de UNPACU y promotor de Cuba Decide, cumple desde el 17 de febrero de 2020 una sentencia de 3 años por “peligrosidad social pre delictiva” en la prisión de El Manguito, Santiago de Cuba, debido a su actividad política contra la dictadura.
El 4 de junio Luis Angel se comunicó por teléfono con Maidolis Oribe, también activista de UNPACU, y denunció: “Estoy pasando hambre, a veces me acuesto sin comer, así estoy yo y todos los presos (…) no tenemos comida, es mala, muy mala y poca, tampoco tenemos aseo…”
A fines de marzo de 2020 el régimen habilitó como hospital para presos con coronavirus la prisión habanera de Valle Grande, en el municipio habanero de La Lisa. Tiene capacidad para 1.500 reclusos.
En lugar de excarcelar presos que cumplan con determinados requisitos, la medida ha disparado las posibilidades de contagio entre los reclusos. Se les niega el derecho a recibir visitas y el contacto con sus abogados, con lo cual se violan las Reglas Nelson Mandela de ONU sobre la protección y garantías básicas de los presos. Muchos han denunciado que no cuentan con agua ni recursos de ningún tipo para mantener la higiene en la prisión.
Presión mundial y nacional impidió condena a popular artista
Luis Manuel Otero Alcántara, a quien Amnisty Internacional clasificó como prisionero de conciencia.
El 13 de marzo de 2020 Amnistía Internacional exigió a la dictadura cubana la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, a quien clasificó como prisionero de conciencia. Lo mismo hicieron otras muchas organizaciones internacionales y sus colegas artistas dentro de Cuba
Luis Manuel fue arrestado el 1 de marzo de 2020 y acusado de “desacato agravado” por enfrentarse al Decreto 349 del régimen que impone más censura y controla más las actividades artísticas. El juicio iba a ser el 11 de marzo, pero fue aplazado sin fijar fecha. Y el 13 de marzo, horas después de la denuncia de Amnistía Internacional, Otero Alcántara fue liberado, debido a la enorme presión internacional y nacional para su liberación.
El pasado 4 de junio el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria de Naciones Unidas decidió adoptar y ratificar una resolución que exige la liberación de siete presos políticos cubanos. Estos son: Mitzael Díaz Paseiros, Silverio Portal Contreras, José Antonio Pompa, Aymara Nieto, Eliécer Bandera, Humberto Rico y Melkis Faure, los últimos cuatro, miembros de UNPACU, la entidad opositora que tiene en prisión 40 activistas, el 30% de los 134 presos políticos identificados. Anteriormente el grupo pidió la liberación de Roberto Quiñones, Iván Amaro, Josiel Guía y Marbel Mendoza.
MOVIMIENTO DIGNIDAD – FUNDACION PARA LOS DERECHOS HUMANOS EN CUBA (FHRC)
