Mientras los campesinos cubanos no tengan títulos de propiedad permanente sobre las tierras que cultivan, la libertad para la producción y distribución de sus productos de acuerdo con el mercado, será impuesta y manipulada por el Estado patrón, dueño y señor de cuanta hectárea de tierra exista en el país, ya sea entregada en usufructo a un campesino privado, o a una cooperativa de producción agropecuaria, como ha quedado demostrado en seis décadas de revolución.
Ni la tan cacareada Reforma Agraria que engatusó al campesinado cubano al entregarle títulos de propiedad que a la mayoría de nada sirvió, pues no a pocos se les expropió, obligó cooperativizar o se les impuso qué cosechar, cuándo, y a qué precio venderla para no caer en una “ilegalidad”. Los casos de otros campesinos desterrados a otras regiones del país por razones políticas, económicas o de interés para la revolución, se vieron obligados a empezar de nuevo para lograr, malamente, subsistir en la isla.
De ahí que considere que las dos demandas principales deben de ser las siguientes y en este orden: 1- Exigir la “Entrega de títulos de propiedad permanente a todos los productores agrícolas” 2: Exigir la “Libertad para la producción y distribución de sus productos de acuerdo con el mercado”. Conseguido estos objetivos, se allanarían los problemas y se emprenderían otras demandas complementarias hasta lograr una auténtica libertad, que deberán contar con una voluntad política que no existe en Cuba.
Por eso, mi tercera demanda en importancia sería la “Libertad para exportar e importar directamente, incluso a Estados Unidos, donde está comprobado que sus leyes no lo impiden, por la condición de independientes de los demandantes”, algo que por la falta de voluntad política que antes señalé, está descartada, o su implementación sujeta a la mediación y ganancias del Estado, en una estratagema para salir de una crisis, sin dejar de controlar los derroteros del campesinado.
Ahogados por la crisis económica y social que atraviesa el país por la ineficiencia gubernamental en la industria y el campo, la necesidad y obligación de alimentar a la población los lleva a realizar concesiones a los productores agrícolas, pero siempre bajo el control del Estado, quien pone condiciones que si bien pueden beneficiar a un campesino o una cooperativa, no cumplen las demandas de los productores agrícolas independientes, de plena libertad para exportar e importar, -de forma directa- sus cosechas con la contraparte en cualquier escenario fuera de Cuba.
No obstante a esta supuesta apertura que “garantiza” el derecho a exportar e importar al sector por cuenta propia y el campesinado, la resolución número 114/2020 del Ministerio de Economía y Planificación, publicado por la Gaceta Oficial del 17 de agosto, recoge las normas que regirán las exportaciones e importaciones de los trabajadores privados, siempre a través de las entidades estatales, lo que lastra la demanda del campesinado independiente.
También se señala que el gobierno cubano retendrá el 20% de los ingresos del sector privado por sus exportaciones, y depositará en las cuentas particulares abiertas obligatoriamente en tarjetas magnéticas en divisas para tal fin, el 80% sin contar los costos de operaciones y el margen comercial, del que los propietarios no podrán extraer las ganancias para otros fines que no sea la reinversión, hecho que los limita a tener y no tener.
Que una provincia netamente agrícola como Granma racione el fongo –plátano burro, la yuca y el boniato por la libreta de abastecimiento, para cuando aparezca y vigila las ventas en tumultuosas colas por un cordón policial, es muestra de la des estimulación de un campesinado obligado a cosechar y vender al gobierno a precios que dejan perdidas al productor y penurias al ciudadano de a pie por la escasez que genera la represión.
Otra vuelta de tuerca a la escasez en Cuba
La obligatoriedad de importar y exportar a través de las entidades estatales, es otra vuelta de tuerca a la libertad de producción del campesinado acorde con el mercado, pues con esta Resolución 114, no sólo tendrá que renunciar al uso de su dinero en otros menesteres que no estén sujetos a la reinversión, si no a cosechar lo que sea de interés para el gobierno, como ha sido hasta el día de hoy, aunque ahora, supuestamente, tenga mayor participación.
Con esta nueva camisa de fuerza impuesta por el gobierno cubano, el propósito de los campesinos de alimentar al pueblo e invisibilizar el hambre y la escasez, queda frustrado, pues como no es de interés gubernamental dejar atrás el desabastecimiento -hecho que evidencian en su afán de exportar todo lo que pueda ser exportado, y no importar nada-, sin mirar las necesidades de la población, se agudizarán las carestías de toda la población.
Que una provincia netamente agrícola como Granma racione el fongo –plátano burro, la yuca y el boniato por la libreta de abastecimiento, para cuando aparezca y vigila las ventas en tumultuosas colas por un cordón policial, es muestra de la des estimulación de un campesinado obligado a cosechar y vender al gobierno a precios que dejan perdidas al productor y penurias al ciudadano de a pie por la escasez que genera la represión.
Comer arroz con calabaza es un lujo, y un potaje de frijoles colorado una quimera cercana a la de degustar la carne de puerco y el carnero que da pavor. Saber que estos alimentos están ahí en las montañas y no permiten al campesino bajar a comerciarlos a la ciudad, mientras mira como los frutales se pudren en el suelo porque acopio no les vende los envases ni tiene transporte para su distribución en los agro mercados, es una medalla de oro para la escasez.
Sin Campo no hay país, lo sabe la cúpula gubernamental, pero en lugar de liberar las fuerzas productivas del campesinado, les impone leyes amañadas, decide qué cosechar, a qué precio vender y a quienes no están de acuerdo los amedrenta, persigue, reprime, prohíbe o decomisa sus tierras y producción, en un juego macabro contra la alimentación en el país.
Trabajo ganador del concurso Sin Campo no hay país
Victor Manuel Domínguez García (Bayamo, Cuba, 1957). Escritor, guionista y crítico literario. Ha obtenido premios en los géneros de poesía y cuento en los concursos “El Caimán Barbudo”, “Úrsula Céspedes de Escanaverino” y “Manuel Navarro Luna”, entre otros. Es vicepresidente del Club de Escritores de Cuba. Autor del poemario Café sin Heydi frente al mar (Neo Club Ediciones, Miami, 2014). Reside en Granma.
