El Estado cubano es oficialmente comunista y sus gobernantes sostienen que ello se debe a que esa es la voluntad mayoritaria del pueblo. Aplicando la lógica eso hace suponer que la gran mayoría de la población es marxista-leninista y que hay infinidad de militantes del Partido Comunista de Cuba (PCC) y de jóvenes miembros de la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC).
Falso. Cuba tiene 11.2 millones de habitantes y el Partido Comunista cuenta con unos 690,000 miembros y la Unión de Jóvenes Comunistas (UJC) tiene 450,000 militantes. O sea, el 90.2% de la población cubana no es comunista, en un país comunista.
Según la Constitución el Partido Comunista es la máxima instancia de poder político en el país, y hay actualmente en Cuba (al inicio de 2019) un total de 8.9 millones de ciudadanos mayores de 16 años, que es la edad que la ley señala para la mayoría de edad, para votar o para pertenecer al Partido Comunista. Ello significa que el 92.1% de los adultos cubanos no pertenece al PCC. O lo que es lo mismo, 9 de cada 10 adultos no son comunistas.
Este es un panorama muy similar al de dos países que siguen gobernados por partidos comunistas. China tiene 1,435 millones de habitantes (ONU, 22 de noviembre de 2019) y el Partido Comunista cuenta con 90 millones de miembros (julio de 2019, y muchos son millonarios). Es decir, 1,345 millones de chinos no son comunistas, el 93.7% de la población total. En Vietnam hay 96.3 millones de habitantes y 87.3 millones no son militantes. El 91% de los vietnamitas no son comunistas.
Pero hay una gran diferencia. En China y en Vietnam los partidos comunistas en el poder renunciaron a la ortodoxia marxista-leninista del Estado como empresario único y reinstauraron la economía de mercado, cosa a lo que se niega el Partido Comunista que dirige el general Raúl Castro en Cuba.
Lo peor es la significación política que tiene el hecho de que únicamente el 7.9% de los adultos son miembros del Partido Comunista, porque esa reducida cantidad de personas constituye una especie de patriciado de ciudadanos de primera clase que son los que pueden elegir a la cúpula del Partido Comunista que es la “fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado” según establece el artículo 5 de la Carta Magna.
Esos 690,000 militantes comunistas conforman la base de la clase alta del castrismo que tiene derechos civiles y políticos que no tiene el 92.1% de los cubanos. Son los que tienen licencia para ocupar los cargos públicos del Estado y el Gobierno, las fuerzas armadas, el Parlamento, las empresas y demás dependencias que conducen la economía nacional, incluyendo los jefes de departamentos y oficinas de todo tipo. No hay jefe de una fábrica, escuela, o de cualquier entidad de mediana importancia en Cuba que no sea miembro del Partido Comunista.
En verdad el Partido-Estado cubano no representa a todos los ciudadanos, sino solo a los que militan en el PCC, debido que nueve de cada diez adultos no tienen derecho a elegir a los delegados que asisten a los congresos del Partido Comunista en los que se elige el Comité Central y el Buró Político, la cúpula que por encima del Estado gobierna el país.
Los gobernantes cubanos difunden por el mundo que en Cuba hay democracia porque todos los ciudadanos pueden votar por delegados locales al Poder Popular y diputados a la Asamblea Nacional que eligen al Consejo de Estado y al presidente del país.
Falso. Los candidatos a delegados en cada circunscripción de los 168 municipios del país en un 95% son militantes comunistas. De los actuales 605 diputados, solo 29 no son miembros del PCC (4.7% del total), pero sí fueron igualmente escogidos cuidadosamente por el PCC.
Los votantes cubanos no tienen cómo elegir a alguien no comunista o no apadrinado por el PCC, y menos pueden elegir a opositores políticos. El colmo es que todos los aspirantes a diputados van como candidatos únicos. O sea, antes de que de realizarse las elecciones cada candidato es ya designado por adelantado como diputado por el Partido Comunista.
Conclusión, el sistema comunista en Cuba se afinca no en su popularidad, sino en la fuerza, abrumadoramente contraria a la voluntad del 92.1% de los ciudadanos.
Roberto Álvarez Quiñones
