Ley Azote: Decreto 370 un paso más hacia el neofascismo

Cerca de 60 organizaciones internacionales de derechos humanos, y medios de comunicación, en representación de más de 500 residentes en Cuba y de 3,100 personas de origen cubano y de otras 83 nacionalidades, recientemente apoyaron la petición presentada el 8 de junio de 2020 por activistas cubanos ante la Asamblea Nacional, el Consejo de Estado, el Tribunal Supremo, la Fiscalía General y Miguel Díaz-Canel para declarar inconstitucional el Decreto Ley 370, promulgado en julio 2019 y conocido popularmente como Ley Azote por su tufo neofascista.

Luego, el 16 de junio, Cuban Prisoners Defenders (CPD) presentó ante el Alto Comisionado de la ONU una denuncia de dicha ley. Javier Larrondo, presidente de CPD, precisó que el Decreto Ley 370 es “la legitimación institucional para cercenar el campo que se les estaba escapando desde el año 2000: internet y las comunicaciones electrónicas”. Dijo que forma parte de un plan “para perpetuar la dictadura 20 años más”.

Ese decreto ley dice en su Artículo 1: “El Estado promueve el desarrollo y utilización de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, con el objetivo de que constituyan una fuerza política”. Más claro ni el agua.

Encima viola el Artículo 54 de la Constitución: “El Estado reconoce, respeta y garantiza a las personas, la libertad de pensamiento, conciencia y expresión”. Y viola los artículos constitucionales 8, 40, 41, 47, 54 y 228 y varios tratados internacionales firmados por Cuba.

Control del “potro salvaje”

Miles de civiles, activistas de derechos humanos, periodistas y artistas han sido ya afectados. O sea, con esa ley el castrismo ya tiene bajo control al “potro salvaje”, como llama Ramiro Valdés a la internet, lo cual es esencial para institucionalizar el modelo neofascista de capitalismo militar de Estado antes de que los “históricos” salgan de escena por razones biológicas.

El general Raúl Castro y su claque castrense están reprimiendo ahora más las libertades individuales como parte de su plan de militarizar todo el quehacer nacional, incluidas la economía, la política y la cultura. Ese protagonismo abrumador de las fuerzas armadas es un claro rasgo fascista.

Por eso también hostigan y encarcelan a carretilleros y cuentapropistas, para impedir que un sector privado pujante le haga competencia a los militares y entorpezca sus planes.

Otro paso de tinte neofascista es el Decreto Ley 349, o Ley Mordaza, de julio de 2018, que restringe aún más la creación artística y cultural. Ahora en Cuba ser músico, pintor, escritor, periodista, actor, bailarín, o escultor fuera del Estado es un delito. Imaginémonos que Beny Moré, René Portocarrero, Enrique Santisteban, José Ignacio Rivero, o Lezama Lima, hubiesen ido a la cárcel por no trabajar bajo contrato del gobierno de Prío, o de Batista.

El régimen arguye que es para cumplir mejor la política cultural trazada por Fidel Castro en 1961, acuñada como “Palabras a los intelectuales“. Obviamente nunca va admitir que la frase de Castro “Dentro de la Revolución todo, contra la Revolución nada” fue la adaptación de una de Benito Mussolini, quien para caracterizar al fascismo repetía: “Todo en el Estado, nada fuera del Estado, nada contra el Estado”.

El castrismo recuerda al “franquismo más rancio”

Mussolini decía que el fascismo era un socialismo nacionalista. Antes de la Segunda Guerra Mundial el Estado más interventor del mundo, luego de la Unión Soviética, era el de la Italia fascista. Y a propósito de fascismo, hace unos días Javier Nart , dirigente del Parlamento Europeo, declaró que el Decreto Ley 370 le recuerda “al franquismo más rancio de los años 40 y 50“.

Con la Ley Azote el castrismo fabrica “delitos cibernéticos” inexistentes en Occidente, por contravenir el “interés social”, “la moral” y “las buenas costumbres”. Son pretextos para prohibir lo no conveniente al Partido Comunista y al gobierno.

Despojados de sus equipos y multados con 3,000 pesos

En enero de 2020 a la periodista independiente Iliana Hernández le aplicaron la Ley Azote: le confiscaron su teléfono, la computadora y la multaron con 2,520 pesos (120 dólares). Desde entonces han sido arrestadas decenas de personas por “violar” dicha ley, y les han impuesto multas de 3,000 pesos (125 dólares) tres veces el salario promedio en Cuba. A la también periodista independiente Camila Acosta ya le han impuesto cinco de esas multas exorbitantes.

Adicionalmente la policía ha despojado de sus teléfonos móviles y computadoras a decenas de periodistas y opositores. CPD ha documentado 33 de esos arrestos, despojos, y multas exorbitantes.

En resumen, la mafia político-militar encabezada por Castro II lejos de gobernar y ocuparse de tomar medidas aperturistas para enfrentar la cada vez más grave crisis socioeconómica que asfixia a los cubanos, se dedica a avanzar en su plan neofascista de capitalismo militar de Estado para perpetuar, “manu militari”, la tiranía.