El desprecio por los cubanos de parte de la dictadura de Raúl Castro no tiene límites y sigue aumentando de manera enfermiza, últimamente en particular contra los agricultores privados, con lo cual se agrava la escasez de alimentos, el hambre y la desnutrición.

El 7 de febrero de 2022 le impusieron al campesinado un exorbitante e injusto impuesto de un 10% sobre sus ventas de productos agrícolas en los mercados minoristas, y 11 días después, el 18 de febrero, entró en vigor una resolución (# 861) del Ministerio de Agricultura con nuevas regulaciones comunistas para controlar mejor la comercialización de la producción agropecuaria del país.

Agudizan la reducción de ganancias de los campesinos

Ello parece ajustarse a lo que anunció no hace mucho el “presidente” Miguel Díaz-Canel cuando pidió a los campesinos “reducir sus ganancias” en aras de la patria. Barbaridad que remató al decir que los campesinos “lo van a entender“.

La resolución en cuestión obliga a los campesinos y usufructuarios de tierras estatales a contabilizar y declarar detalladamente todo el volumen de siembra y la cosecha lograda, hasta la última libra, y registrarlo personalmente en el Sistema Informático de Planificación Agropecuaria (SIPA), una aplicación web inventada por el Ministerio de la Agricultura para controlar mejor “la producción agropecuaria, desde el productor hasta el destino final”.

La noticia aquí no es la de registrar lo producido por el campesino. Esa obligación existe desde hace tiempo, lo nuevo es que hasta ahora ese registro de productos agrícolas y pecuarios corría a cargo de empleados del monopolio estatal Acopio, pero ahora la ley obliga a que sea el propio campesino quien declare cada plátano, malanga, tomate, papa, mango, mazorca de maíz o boniato que produzca, so pena de ser castigado con multas exorbitantes, o que le confisquen su finca, o ser metido en la cárcel.

No más venta “por la izquierda”, no empoderamiento campesino

Salta a la vista que el propósito de esta nueva medida es acabar con lo que popularmente se conoce como venta “por la izquierda” de productos agrícolas a la población, y al mercado negro que es el que en verdad alimenta a los cubanos. Y también queda claro que la mafia militar de GAESA no quiere que los campesinos adquieran poder e independencia económica, que derive en fuerza política.

Con el SIPA ahora esa mafia, el Partido Comunista y toda burocracia gubernamental sabrán al detalle de dónde proviene cada producto agrícola y pecuario, quién lo sembró y hacia dónde lo dirigió. El SIPA es como una versión agropecuaria del Departamento de Seguridad del Estado.  Así lo admitió de hecho el director del SIPA, José Milanés, al asegurar que con este registro obligatorio “el país va a poder decir: tengo tanto sembrado, tengo tanta comida”.

No existe otro país en el planeta (salvo la extraterrestre Corea del Norte) y posiblemente en ninguna galaxia, en el que se practique la aberración de tener un sistema policiaco como el SIPA para evitar que los campesinos comercien libremente lo que ellos mismos cosechan.

Se acabó el “margen para burlar un poco la vigilancia estatal”

Se trata de un nuevo, más puntual, estricto y personalizado control del Estado comunista sobre la agricultura cubana. Es una nueva camisa de fuerza que empeorará la escasez de alimentos en la isla.

Porque como dijo el campesino Osmel Ramírez, de Mayarí, provincia de Holguín, a Radio Martí, “ese margen que tenía el hombre que produce, de burlar un poco la vigilancia estatal sobre sus producciones, ahora recae sobre él mismo declararla”

Y precisó que el agricultor privado que no lo declare todo en detalle, sin dejar fuera ni una malanga, solo por no poner los datos en la app recibe una multa de 2,000 pesos ($83) y encima otra que será la resultante de multiplicar por tres el valor del volumen de la producción no entregada al Estado, “al mayor precio del mercado agropecuario en el momento en que se comete la referida infracción”.

Multas de 416 dólares, cárcel, o confiscación de la finca

Al final la multa total puede superar los 10,000 pesos ($416 dólares), el triple de un salario mensual promedio. Se castiga al campesino por comercializar lo que sembró y cultivó con su esfuerzo y sudor. Y eso si al esbirro-inspector no le da por llevarlo a los tribunales, o acusarlo para que le expropien la finca si es considerado como “desafecto” al régimen.

Pero hay más, este zarpazo al desayuno, el almuerzo y la cena de las familias cubanas aumentará la inflación y derrumbará más el poder de compra del peso. Porque los campesinos que no declararen ciertos volúmenes de producción para comercializarlos por su cuenta agregarán a sus precios una “prima de riesgo” pues corren el peligro de ser multados, o de ir a prisión, o de que le confisquen la finca.

En fin, la pandilla de vividores que usurpan el poder, y sus familias, seguirán comiendo de todo opíparamente, y los cubanos de a pie cada vez peor. Pero, el cántaro está yendo cada vez más repetidamente a la fuente y se puede hacer pedazos.