Carta de Archipiélago a Díaz-Canel: La protesta en Cuba ha demostrado ser necesaria

Un fantasma recorre la mente del gobierno cubano, el fantasma de Archipiélago… En su última comparecencia, usted, presidente Miguel Díaz-Canel Bermúdez, se refirió a la Marcha Cívica por el Cambio convocada por Archipiélago de la siguiente forma, y citamos textualmente: “Es un plan orquestado, se involucran tanques pensantes y portavoces del gobierno de Estados Unidos en la concepción y preparación de estas acciones”.

No somos “tanques pensantes”. Simplemente decidimos ejercer nuestros derechos, para eso no se requiere tanto intelecto, solo decisión y convicción. Tampoco precisamos que nadie nos mande, ni el presidente de Cuba ni el de ningún país, mucho menos el de Estados Unidos. Si tiene alguna prueba con la cual fundamentar sus afirmaciones, lo invitamos a que las exponga públicamente, aunque tanto usted como nosotros sabemos que ello será imposible pues tales vínculos no existen.

El único dictado al que respondemos es al de nuestras conciencias. La única voz a la que respondemos es a la de los millones de cubanos y cubanas obligados a dedicar jornadas completas para adquirir productos cada vez más caros en una moneda que no disponen; la voz de las familias que han perdido seres queridos por la precaria condición de la infraestructura médica cubana, en la cual no se invierte lo que se debiera; la voz de los miles de trabajadores cuyos salarios no les alcanzan para llegar a fin de mes; la voz de madres, hijos y hermanos de los manifestantes del 11J procesados cual viles criminales y sancionados en juicios sumarios sin debido proceso; la voz de la juventud que ante la falta de futuro se ve obligada a abandonar el país; la voz de las madres que lloran en silencio a sus hijos; la voz de los cientos de presos políticos, los exiliados, y los desterrados; la voz de las generaciones que se sienten traicionadas por un proyecto que hace mucho dejó de ser revolucionario para ser excluyente; la voz de los cubanos que han perdido la vida intentando huir de esta isla; la voz de los ciudadanos que quieren que las cosas cambien.

No podríamos quedarnos indiferentes ante tanto dolor y desidia por parte de su gobierno ni aunque quisiéramos.

La Revolución, que alguna vez se planteó como un proyecto por los humildes y para los humildes, fue sepultada por el totalitarismo hace décadas, el cuál hoy exhibe una mentalidad de hotelería y mercantilismo. Que conste, no nos oponemos a que el gobierno cubano apueste al desarrollo de la industria de servicios, sino al costo que conlleva la manera en que se hace.

Tampoco nos oponemos a que se defienda la soberanía del país; a lo que nos oponemos es a que se justifique la represión, la ausencia total de espacios democráticos y la violación de los derechos de los ciudadanos mediante supuestas amenazas a la soberanía.

Nosotros no instruimos un reordenamiento económico que tiene poco que envidiarle a esos paquetazos neoliberales que su gobierno denuncia en Latinoamérica; nosotros no acosamos ni apresamos personas por razones políticas; nosotros no dimos una orden de combate lanzando cubanos y cubanas a una guerra fraticida; nosotros no dejamos sin abastecimiento las tiendas y establecimientos en moneda nacional; nosotros no somos responsables de la inflación exhorbitante del país; nosotros no hemos organizado brigadas de respuesta rápida (bandas ultraviolentas) para golpear a quien piense diferente; nosotros no hemos violado los derechos humanos y constitucionales de nadie; nosotros no hemos puesto el país en pie de guerra para enfrentar a manifestantes pacíficos.

Las intenciones de la manifestación que convocamos para el 15 de noviembre fueron expresadas públicamente y están contenidas en las cartas dirigidas a las intendencias y que a continuación citamos: “contra la violencia, para exigir que se respeten todos los derechos de todos los cubanos, por la liberación de los presos políticos y por la solución de nuestras diferencias a través de vías democráticas y pacíficas”. Aunque las autoridades pretendan ignorar o torcer los hechos, estas son nuestras intenciones, las cuales se amparan en la Constitución cuyos artículos 54, 56 y 61 reconocen nuestro derecho de libertad de expresión, manifestación, petición y queja.

¿En qué parte de esas cartas se dice que no queremos el bien supremo de Cuba o que somos ciudadanos carentes de valores patrios? Si remitimos cartas a las autoridades es porque las respetamos. Que no estemos de acuerdo con el orden establecido y querramos un cambio no significa que estemos intentando derribar por la fuerza el sistema.

Tenemos diferencias pero entendemos que a través del diálogo nacional se pueden lograr los cambios democráticos que Cuba necesita. Cuales sean esos cambios no está en nuestra capacidad definirlos ni en su persona, presidente, negarlos. Corresponde a los cubanos de todos los signos e ideologías resolver sus diferencias.

No le corresponde a usted como presidente determinar quiénes son interlocutores válidos, ni a nosotros tampoco. Esa tarea le corresponde al pueblo cubano (a todos), tanto a los millones que están dentro como a los que viven fuera de la isla; le corresponde al pueblo, en quien según el artículo 3 de la Carta Magna reside la soberanía intransferiblemente.

No tenemos que estar todos de acuerdo, nadie ha afirmado algo así. Basta que haya una parte de la ciudadanía en desacuerdo con la forma en que se han estado haciendo las cosas, que tenga la voluntad de buscar soluciones a estos problemas y que esté dispuesta a sentarse civilizadamente con la otra. Y esa parte ya existe, si no le convenció de ello la multitudinaria masa que salió a las calles el 11J y que usted criminalizó y reprimió, cerciórese ante el apoyo a la iniciativa de Archipiélago. Los órganos de seguridad saben que no hace falta que tenga lugar el 15N para hacer patente ese apoyo. Los extremistas y los violentos existen a ambos lados de esta ecuación. Nosotros no representamos los extremos; esgrimimos la paz y el civismo, aún cuando se nos amenaza con la violencia.

No somos una fuerza política, ni mucho menos un partido; somos ciudadanos cubanos; nos preocupa nuestra sociedad. Nuestro gobierno no es el de los Estados Unidos sino el suyo, presidente, y por ende es a ud. a quien dirigimos nuestras inquietudes, pues es su responsabilidad como principal representante del Estado cubano llevar el país por buen camino y reconocer los errores; por todos lados se escuchan las voces que piden democracia y un nuevo pacto social, refrendado con elecciones transparentes.

Cada gobierno es responsable del bienestar y seguridad de sus ciudadanos, lo cual en materia de Derecho Internacional se conoce como “responsabilidad de proteger”. Pero si como ha sido el caso, persigue, amedrenta y reprime a su propio pueblo, no espere ni que nosotros lo consintamos, ni que pase desapercibido por la Comunidad Internacional, de la cual para bien o para mal, Estados Unidos forma parte.

Es su administración la que mendiga por la venia de los Estados Unidos, aboga por la normalización de relaciones comerciales y por el fin del embargo económico. En su búsqueda de reconocimiento, los funcionarios y voceros del gobierno están más preocupados por los derechos de los ciudadanos norteamericanos que por los nuestros. Siempre se habla de las afectaciones del embargo norteamericano a Cuba, pero no está dispuesto a admitir las violaciones que se cometen bajo su mandanto.

Usted ha amenazado públicamente con reprimir a quienes se manifiesten el venidero 15 de noviembre. Estados Unidos ha respondido que no tolerará ningún acto de represión y amenaza con sanciones. Esas sanciones nos preocupan, pueden bien ser dirigidas contra funcionarios o ser más generales y afectar al cubano de a pie. El hecho es que las sanciones son un acto unilateral de parte de los Estados Unidos en respuesta a su amenaza. Ha sido su accionar, presidente, el que ha servido al país en bandeja de plata a nuevas sanciones, no solo norteamericanas, pues le recuerdo que a raíz del inclumplimiento del Convenio de Cooperación Cuba-Europa, la Eurocámara está preparada también para aplicar sanciones a su gobierno.

Si quiere prevenir que la Comunidad Internacional acuse y condene las violaciones de derechos en nuestro país, existe un método sencillo: no permita que se violen derechos impunemente y reconozca el disenso político. Si quiere evitar que en foros internacionales se califique al país de dictadura, conduzca a Cuba como el Estado de Derecho que la Constitución refiere en su artículo 1 y respete las voces de la nación que exigen un cambio.

Nosotros no somos responsables de la condena a su gobierno. No queremos que nuestra protesta se instrumentalice por nación extranjera alguna; pero si la condición para evitarlo es guardar silencio ante lo mal hecho, no lo haremos. El pueblo cubano lleva más de 62 años resistiendo en silencio todos los desvaríos de la gobernanza. Y cada año la confianza que se depositó termina en saco roto.

La protesta en Cuba ha demostrado ser necesaria. Hizo falta un 11 de julio para que el gobierno autorizara a toda prisa la entrada de medicamentos, para que recordara que los barrios humildes existen, para que se entregara un módulo de alimentos, para que se acometieran obras de mantenimiento y restauración en los espacios públicos, rebaja de planes de datos móviles, y que finalmente se aprobaran e incorporaran las famosas “MYPIMES” al esquema de las Formas de Gestión No Estatal. Han logrado que su gobierno se ponga a hacer lo que debía haber hecho antes, que es velar por los sectores más vulnerables de la ciudadanía. Estas acciones son nimiedades en comparación con la montaña de deficiencias y problemas políticos, sociales, económicos y sanitarios que enfrentamos; pero si no hubieran habido manifestaciones y protestas ni siquiera estas minucias las hubiéramos recibido. El pueblo ya sabe que contra la desidia solo cabe la protesta, el 15N no será la última que encontrarán en su camino.

Si a las autoridades y al Partido Comunista le molesta que se haga evidente la falta de consenso que tiene su gobierno entre la población cubana, pues la solución no está en culpar al otro, sino en resolver los problemas que motivan el descontento. No se escude en el fenómeno para esquivar las causas. Cuba es un país soberano y por ende la responsabilidad de conducir la nación por buen cauce corresponde única y exclusivamente a su gobierno. Biden no es el presidente de Cuba, sino usted, Miguel Diaz-Canel; toda acción conlleva una reacción que puede acarrear buenos y malos resultados. La madurez y la responsabilidad que requiere su cargo dicta que asuma ambas ante el pueblo cubano y la comunidad internacional. Si de algo ha servido la pandemia es para recordarnos que aunque se diga que somos una isla, no existimos de espaldas al mundo, formamos parte de él.

El maniqueísmo, la polarización y los extremismos no son buenos consejeros. No se puede administrar un país como se administra una finca. No es una cuestión solo de principios o voluntad, sino de objetividad y pragmatismo. El sistema económico y político ha pasado rápidamente de ser una peculiaridad a un anacronismo, y a este paso, una aberración. Pueden implementarse todas las reformas legales o económicas que se quieran; mientras siga imperando la mentalidad de guerra fría amarrada a conceptos de más de seis décadas y la exclusión del disenso político, no hay evolución posible; y una sociedad que no evoluciona está condenada al fracaso.

Presidente, usted se ha reunido con sus partidarios e incluso algunos le han dicho ciertas verdades en la cara, verdades algunas que no distan mucho de la que cualquiera de nosotros podríamos decirle, y otras sabemos que no serán del agrado del Partido Comunista, pero como cubanos nos asiste el deber y el derecho de decirlas. Sin embargo, se niega a escuchar a aquellos que no comparten sus mismas ideas, aún cuando compartimos la misma patria, cultura e idioma. Solo por pensar diferente se nos niega el respeto y la palabra. No es necesario seguir tropezando una, dos y tres veces con la misma piedra. ¿Es que “diálogo” y “cambio” resultan palabras tan ominosas a los oídos de la gobernanza?

El 15N saldremos a manifestarnos como ciudadanos que somos por convicción y voluntad propia. No necesitamos su venia y aunque no lo quieran reconocer sus voceros, los derechos no se “aprueban”. Todos han visto que la única incitación al odio y a la violencia viene de su parte.

Respetuosamente,

Lic. Fernando Almeyda Rodríguez

MsC. Leonardo M. Fernández Otaño